El despilfarro de los políticos motiva una Ley de Transparencia

Este martes finaliza el plazo de 15 días para que cualquier ciudadano pueda hacer sus aportaciones y propuestas al anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, presentado el pasado mes de marzo por la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El objetivo de esta Ley de Transparencia será el de controlar (y en el caso que proceda sancionar), a los responsables de las Administraciones que gestionan las cuentas públicas. Habrá penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos para aquellos que falseen u oculten datos contables. También serán castigados los políticos que despilfarren y que eleven el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto. Obligará a todas las Administraciones y cargos públicos de los tres ámbitos (nacional, regional y local) a publicar los contratos y sueldos públicos y a facilitar toda la información al ciudadano. Las normas también serán de aplicación a las empresas públicas en las que el Estado posea más de un 50%. Tampoco se escaparán las empresas privadas que trabajen con algún organismo público, ya que deberán aportar al mismo toda la información necesaria para que se sepa cómo se gestionan los servicios que estén prestando. España, que es el único país de la Europa fuerte que incomprensiblemente a día de hoy no tiene una Ley de Transparencia, acude de este modo a satisfacer una demanda histórica.

Es evidente que supone un gran avance de regeneración democrática y sobre todo de justicia social, no sólo porque los responsables de las cuentas públicas deberán de responder penalmente en caso de conducta irregular y corrupta, sino porque por primera vez se da a los ciudadanos la posibilidad de hacer sus aportaciones y propuestas a través de una página web para la elaboración del texto definitivo (www.leydetransparencia.gob.es)

El hecho de que cada ciudadano a título personal pueda hacer aportaciones previas a la redacción de las leyes, dota al individuo de poder consultivo y, por tanto, de mayor conocimiento e implicación en asuntos de relevancia para el conjunto de la sociedad.

Pero no todo son halagos a esta Ley de Transparencia, ya que hay varios puntos que deben ser, cuando menos, sometidos a la crítica si no queremos que el supuesto objetivo de esta ley quede en papel mojado:

·       A pesar de lo extenso de su ámbito de aplicación, cabe destacar que la Ley de Transparencia no incluye a la Casa Real (implicada actualmente en un caso de corrupción con Iñaki Urdangarín).

·       También deja fuera al Poder Judicial (excepto al Consejo General del Poder Judicial, que sí está incluido).

·        Diferentes colectivos "protransparencia" como Acces Info o Coalición Proacceso, denuncian que tal y como está redactado el actual borrador, se establece que el acceso a la información pública puede ser denegado en multitud de ocasiones y, por tanto, lo hace muy limitado (como se observa en los artículos 9 y 10, reservados a las excepciones en las cuales los organismos públicos no tendrán obligación de facilitar la información). Reclaman que la denegación de acceso a cualquier tipo de información sea en casos absolutamente excepcionales.

·        Uno de los puntos más conflictivos que esta ley establece es el silencio administrativo negativo como contestación a una solicitud de información formulada por un ciudadano. Es decir, que tal y como está redactado el borrador, cualquier solicitud de información de un ciudadano puede acabar en el cubo de la basura o en la papelera de reciclaje.

·        En los casos de inhabilitación las sanciones tendrían periodos de entre 5 y 10 años, pero no impedirá que un ex alto cargo pueda ser alcalde, concejal, diputado nacional o regional.

·        Uno de los agujeros negros más claros de este anteproyecto de ley es el uso partidista que le pueden dar los políticos, ya que como escribe Antonio Garrigues Walker, integrante del Comité de Dirección de Transparencia Internacional de España “(…)  la Agencia responsable de garantizar el derecho no es una agencia independiente, pues su presidente es nombrado y cesado de forma prácticamente libre por el Gobierno (…) esta opción nos hace temer que, al final, las decisiones sancionadoras se puedan tomar con criterios de interés político-partidista”.

Veremos si, finalmente, las aportaciones de los ciudadanos son tenidas en consideración y si esta ley termina por cumplir las expectativas.