¿Dimisión de la cúpula del PP? ¿O dimisión del PP, PSOE, IU, CIU, PNV,ERC...?

El lunes de la semana pasada mi buen e intencionado amigo Hernán Cortés (así se llama realmente) compartió en mi perfil de una red social, una petición de change.org que se titulaba exactamente así: "UN MILLÓN DE FIRMAS POR LA DIMISIÓN DE LA CÚPULA DEL PP #porladignidad #quesevayantodos - Sign the Petition!"

 

¿En qué quedamos? ¿Por la dimisión de la cúpula o que se vayan todos? En fin...

 

Para no extenderme, copio directamente la respuesta que le escribí en el apartado de comentarios:

"Querrás decir 40.000.000 de firmas por la dimisión de los partidos políticos, la patronal y los sindicatos, que están comprados por los presupuestos del Estado, y que debían financiarse únicamente por las cuotas de sus afiliados.

Querrás decir dimisión del sistema corrupto y golfo que hemos amparado los españoles desde hace décadas, con la columna vertebral de la mafia PPSOE, los satélites CIU y PNV y la connivencia gustosa del resto de partidos. TODOS ELLOS se han preocupado más por llenarse los bolsillos de dinero y asegurar el futuro de sus cuatro amigotes, a costa de esclavizar a la población, de robarle sus libertades, sus derechos, su dinero y lo que es más importante, su dignidad.

¿Cómo es posible que se asfixie a los ciudadanos a impuestos, tasas y multas? ¿¿Y cómo es posible que lo aceptemos?? ¡¿Máxime cuando tenemos el salario mínimo interprofesional en los 600 y pico euros?! Es denigrante. Nos han robado nuestras vidas. ¿¿Y la gente se escandaliza por si este le dio a aquel un sobre con "2.000€"?? Nos han tomado por estúpidos y lo peor es que no se han equivocado...

Evidentemente, que encierren a los responsables del trapicheo de los sobres... ¡¡¡Faltaría más!!! (Si se demuestra que ese listado es cierto, por supuesto...) Y aún suponiendo que fuese mentira lo de los sobres... ¡¡No cambiaría nada!! No serían menos miserables. ¿¿Es que la gente no se da cuenta?? Lo más triste de todo es la desidia de los ciudadanos, que piensan que viven en una sociedad justa, libre e independiente, porque ejercen sus "derechos democráticos" cada 4 años yendo a votar a una pandilla de sabandijas que han prometido no volver a serlo... ¡¿Es que acaso no hay medios y tecnología digital suficiente como para dotar al pueblo de mayor poder consultivo en vez de ir a echar una papeleta cada 4 años con unas listas cerradas?! ¿Cómo es posible que nos la hayan colado?  

¿Y el Senado? ¿Para qué sirve? ¿Además de para dar de comer y beber a 266 pájaros? ¿Y el Congreso? ¿Para qué coño queremos 300 y pico diputados? Si todos los partidos votan SI/NO en función de la doctrina impuesta por su partido... ¿Por qué demonios no ponen entonces a un vocal en representación de cada partido? ¿Por qué hay 17 países dentro de España que hacen insostenible el modelo de financiación autonómico? ¿Por qué hemos permitido que los partidos políticos escojan a los jueces? ¡Esa es la madre de todas las corrupciones y el principio y final de muchos de los males que nos acechan!”

 

Bankia ofrece 1.200.000 euros a Rodrigo Rato para que no fiche por otro banco

Cuando me quejo desde este blog de los abusos del poder sobre los ciudadanos, no lo hago por afición o por pasión, más bien por obligación. Me es imposible mirar hacia otro lado cuando veo que a nuestros gobernantes, partidos políticos, banqueros, sindicatos, patronal y medios de comunicación les importan un rábano tu libertad, la justicia, la igualdad y los derechos civiles, siempre y cuando éstos se antepongan a sus intereses particulares. En este tinglado, los muy ricos son cada vez más ricos, y el resto de la población cada vez más pobre.

Hace pocos días asistíamos a la nacionalización de Bankia, que costará a todos los españoles nada más y nada menos que 10.000 millones de euros. Precisamente, la semana anterior el gobierno anunció recortes en sanidad y educación por esa misma cifra…

Esta inyección de dinero público a la banca suena más a intervención que a nacionalización, ya que la parte nacionalizada corresponde a los activos tóxicos que se identifican con una sobrevaloración de los activos inmobiliarios en el balance de la entidad.

Es decir, que en vez de usar el dinero de todos para atender cuestiones de primera necesidad, lo van a usar para tapar los agujeros negros de los bancos. Agujeros de los que los ciudadanos no son, en ningún caso, responsables de haber cavado y no deberían ser, por tanto, responsables de taparlos.

Los responsables hay que buscarlos en los órganos de gobierno de la entidad en los que, dicho sea de paso, además de Rodrigo Rato como presidente, estaban representados el PP, el PSOE, IU y los sindicatos, como nos manifiesta la editorial de El Mundo de ayer, Bankia merece una comisión de investigación.

Rodrigo Rato toca la campana en el estreno 

bursátil de Bankia (20 de julio de 2011)

Parecería una obviedad que este asunto mereciese cuando menos, una comisión de investigación parlamentaria e incluso, la intervención de oficio del Fiscal General del Estado para depurar las responsabilidades que procedan, tanto políticas como penales, si no fuese porque Bankia ofrece 1,2 millones de euros a Rodrigo Rato para evitar su fichaje por otra entidad en los próximos dos años, a fin de que este no comparta información privilegiada de Bankia con bancos de la competencia.

Resulta que los 400.000 accionistas de Bankia han visto cómo el valor de sus acciones ha caído un 62% desde que la entidad saliera a bolsa en julio del año pasado. Es decir, que el humilde inversor que hace apenas diez meses metiera en Bankia 30.000 euros ahorrados de toda una vida con la creencia de estar apostando por una entidad solvente, a día de hoy tan sólo podrá recoger 10.000 euros de su inversión. Vamos, que le han birlado literalmente 20.000 euros.

Conclusión: Bankia ha engañado a sus accionistas, que han perdido su dinero. A los ciudadanos nos toca tapar sus agujeros negros y, por si eso fuera poco, Bankia ofrece ahora a Rato 1.200.000 euros que también pagaremos todos los españoles. Pobrecito él, persona necesitada donde las haya, que el año pasado cobró 2.300.000 euros como presidente de Bankia y este año le habían bajado el sueldo a tan sólo 600.000.  

Es altamente probable que en este país estén pasando una de estas dos cosas: o nos estamos volviendo todos locos o sencillamente nos están tomando por gilipollas. Algo estaremos haciendo mal…

El despilfarro de los políticos motiva una Ley de Transparencia

Este martes finaliza el plazo de 15 días para que cualquier ciudadano pueda hacer sus aportaciones y propuestas al anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, presentado el pasado mes de marzo por la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El objetivo de esta Ley de Transparencia será el de controlar (y en el caso que proceda sancionar), a los responsables de las Administraciones que gestionan las cuentas públicas. Habrá penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos para aquellos que falseen u oculten datos contables. También serán castigados los políticos que despilfarren y que eleven el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto. Obligará a todas las Administraciones y cargos públicos de los tres ámbitos (nacional, regional y local) a publicar los contratos y sueldos públicos y a facilitar toda la información al ciudadano. Las normas también serán de aplicación a las empresas públicas en las que el Estado posea más de un 50%. Tampoco se escaparán las empresas privadas que trabajen con algún organismo público, ya que deberán aportar al mismo toda la información necesaria para que se sepa cómo se gestionan los servicios que estén prestando. España, que es el único país de la Europa fuerte que incomprensiblemente a día de hoy no tiene una Ley de Transparencia, acude de este modo a satisfacer una demanda histórica.

Es evidente que supone un gran avance de regeneración democrática y sobre todo de justicia social, no sólo porque los responsables de las cuentas públicas deberán de responder penalmente en caso de conducta irregular y corrupta, sino porque por primera vez se da a los ciudadanos la posibilidad de hacer sus aportaciones y propuestas a través de una página web para la elaboración del texto definitivo (www.leydetransparencia.gob.es)

El hecho de que cada ciudadano a título personal pueda hacer aportaciones previas a la redacción de las leyes, dota al individuo de poder consultivo y, por tanto, de mayor conocimiento e implicación en asuntos de relevancia para el conjunto de la sociedad.

Pero no todo son halagos a esta Ley de Transparencia, ya que hay varios puntos que deben ser, cuando menos, sometidos a la crítica si no queremos que el supuesto objetivo de esta ley quede en papel mojado:

·       A pesar de lo extenso de su ámbito de aplicación, cabe destacar que la Ley de Transparencia no incluye a la Casa Real (implicada actualmente en un caso de corrupción con Iñaki Urdangarín).

·       También deja fuera al Poder Judicial (excepto al Consejo General del Poder Judicial, que sí está incluido).

·        Diferentes colectivos "protransparencia" como Acces Info o Coalición Proacceso, denuncian que tal y como está redactado el actual borrador, se establece que el acceso a la información pública puede ser denegado en multitud de ocasiones y, por tanto, lo hace muy limitado (como se observa en los artículos 9 y 10, reservados a las excepciones en las cuales los organismos públicos no tendrán obligación de facilitar la información). Reclaman que la denegación de acceso a cualquier tipo de información sea en casos absolutamente excepcionales.

·        Uno de los puntos más conflictivos que esta ley establece es el silencio administrativo negativo como contestación a una solicitud de información formulada por un ciudadano. Es decir, que tal y como está redactado el borrador, cualquier solicitud de información de un ciudadano puede acabar en el cubo de la basura o en la papelera de reciclaje.

·        En los casos de inhabilitación las sanciones tendrían periodos de entre 5 y 10 años, pero no impedirá que un ex alto cargo pueda ser alcalde, concejal, diputado nacional o regional.

·        Uno de los agujeros negros más claros de este anteproyecto de ley es el uso partidista que le pueden dar los políticos, ya que como escribe Antonio Garrigues Walker, integrante del Comité de Dirección de Transparencia Internacional de España “(…)  la Agencia responsable de garantizar el derecho no es una agencia independiente, pues su presidente es nombrado y cesado de forma prácticamente libre por el Gobierno (…) esta opción nos hace temer que, al final, las decisiones sancionadoras se puedan tomar con criterios de interés político-partidista”.

Veremos si, finalmente, las aportaciones de los ciudadanos son tenidas en consideración y si esta ley termina por cumplir las expectativas.